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Estiba combativa

El sector de la estiba portuaria vive tiempos convulsos. Las manifestaciones y huelgas que están llevando a cabo los trabajadores ocupan la agenda mediática de los principales medios . El gobierno ha planteado un decreto ley para la liberación de este sector estratégico. Las negociaciones entre los sindicatos y el órgano ejecutivo están estancadas, generando un conflicto sin solución a la vista.

A modo de contextualización de los hechos, esta encrucijada empezó cuando  el Tribunal de Justicia de la Unión Europea advirtió al gobierno español de que se estaba vulnerando el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En este apartado se señala que un sector de las características de la estiba debe estar expuesto a una libre contratación de personal. Tras prorrogarse varios años, el pasado mes de febrero el Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, presentó en el Congreso un decreto ley que hacía efectiva la demanda de Bruselas. A partir de aquí, la estiba y la sociedad en general se vieron sumergidos en un debate que a día de hoy sigue vigente.

Vayamos por partes. Desde la instituciones, se intentó hacer llegar a la ciudadanía que la sentencia del Tribunal de Justicia era inamovible y que en el caso de incumplirse el coste para el gobierno alcanzaría cuotas millonarias. También se quiso trasladar el hecho de que la estiba es un sector privilegiado, con sueldos muy generosos y que además el acceso a estos puestos queda limitado a la decisión de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), que es la encargada de regular  las contrataciones.

Entre los detractores de esta medida impuesta desde Bruselas , se sitúan patronal y sindicatos, además de la oposición del gobierno y el propio sector de la estiba. Todos argumentan que este decreto ley perjudica los derechos fundamentales de los trabajadores que verían cómo sus condiciones actuales de trabajo desaparecerían.

Polémicas aparte, para aquellos que todavía  no sepan qué hace exactamente un estibador portuario, se podría decir que su misión consiste fundamentalmente en manipular con grúas gigantescas los contenedores de mercancías  que los barcos transportan de un puerto a otro. Es por ello  que nos referimos a la estiba como un sector estratégico, ya que mueve importantes cantidades de dinero, además de ser un un pilar básico para el correcto funcionamiento del comercio marítimo.

Para los que vivimos el conflicto de cerca por razones geográficas y laborales, no nos extraña en absoluto que el gobierno de la nación de un toque de atención a un colectivo de trabajadores cuyas condiciones actuales son cuanto menos cuestionables. Hay que señalar que, al margen de las importantes retribuciones que reciben a cambio de su trabajo, los métodos de contratación se asemejan más a un régimen feudal que a un país avanzado como el nuestro. Tomando como ejemplo el puerto de Algeciras, uno de los hechos que más hacen ver que son un colectivo muy particular es que no hay ni una sola mujer estibadora, ya que a juicio del SAGEP no son aptas para el puesto. Además, las plazas que los portuarios más veteranos dejan libres tras su jubilación no se reemplazan con trabajadores procedentes de una bolsa de trabajo normal, sino que son sus familiares varones los que acceden a estos puestos.

Por esta razón, parece lógico que un órgano tan importante como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea crea conveniente un cambio en las condiciones laborales de este sector. Por contra, ahora está en manos del gobierno llegar a un acuerdo que nos beneficie a todos, ya que los estibadores tienen todo su derecho a a defender su postura y es comprensible su enfado dado que nuestro órgano ejecutivo no destaca precisamente por su virtud negociadora.

A pesar de todo, es de esperar  que la situación se resuelva cuanto antes y que la actividad de los puertos siga su curso para no perjudicar a las miles de personas que subsisten gracias a ella.

 

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